La exportación de armas (i)legales a México: una agenda urgente

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Carlos A. Pérez Ricart

Las causas de la violencia en México son de orden estructural. Sin embargo, la evidencia señala que la enorme disponibilidad de armas en el país ha alimentado las tensiones provocadas por el tráfico de drogas, la desigualdad económica, el desempleo y la exclusión social. La ecuación, probada en otras geografías y contextos históricos, se muestra con implacable dureza: a mayor número de armas de fuego disponibles, mayores índices de violencia.

La política de control de armas en México es una de las más estrictas del mundo. En todo el país sólo es posible comprarlas de manera legal en una única tienda localizada en la Ciudad de México y administrada directamente por la Dirección de Comercialización de Armas y Municiones (DCAM) del Ejército. Además de vender armas para uso privado, la DCAM es la distribuidora única de armamento para el Ejército, la Marina, la Policía Federal y todas las policías estatales, municipales y privadas del país.

Las condiciones para que las personas puedan adquirir armamento son estrictas y están estipuladas en el artículo 26 de la Ley Federal de Armas y Control de Explosivos. Suponiendo que se consiga el permiso, su uso está bien regulado: las armas deben permanecer en el domicilio del comprador y su calibre nunca puede ser superior a los 9 milímetros.

En principio, el sistema mexicano es ideal para combatir la proliferación de armas en el país. En realidad, se trata de una política cuyos orígenes nacen del interés del régimen por evitar cualquier levantamiento armado. De ahí que históricamente, y a lo largo de todo el siglo XX –incluyendo la Revolución Mexicana–, las armas hayan tenido que ser importadas para luego ser utilizadas en las disputas que han tenido lugar en México: desde las escaramuzas posrevolucionarias hasta las insurrecciones guerrilleras de los años setenta y, por supuesto, el levantamiento zapatista de 1994. En todos los casos, exceptuando las veces en que los propios contendientes eran miembros del Ejército, las armas de fuego habían sido importadas ilegalmente a México: por tierra, desde los Estados Unidos o América Central, y por barco, desde Europa o la Unión Soviética.

La guerra contra las drogas y el aumento del poder de fuego

México lleva al menos diez años inmerso en un conflicto cuya cantidad de víctimas es tal que hace pensar en una guerra civil. Más de 150 mil personas han muerto por homicidio entre 2005 y 2017 y unas 26 mil personas continúan desaparecidas. Aunque las razones de la violencia son varias, prácticamente todas las investigaciones coinciden en afirmar que la mayor parte de esos homicidios son resultado de las disputas entre diferentes organizaciones por hacerse del control del mercado ilegal de droga, que tiene, como destino final, los Estados Unidos. Según la interpretación más usual, y probablemente la más acertada, la intervención del Ejército ordenada por Felipe Calderón en 2006 tuvo dos efectos difíciles de digerir: por un lado, la fragmentación de las redes de narcotraficantes y el consecuente incremento de disputas internas. Por otro, la asociación entre fuerza pública y redes criminales; esto es, un complejo, pero siempre creciente, proceso de captura de instituciones públicas que ha pervertido los objetivos de muchos de los cuerpos policiales y militares del país.

Ambas situaciones resultaron en el aumento del poder de fuego de las redes criminales en un periodo de no más de diez años. Es decir, el incremento de la capacidad para hacer daño con el número de armas disponibles. Si antes –por poner un ejemplo– era suficiente un número limitado de revólveres y armas blancas para asegurar el trasiego de cocaína desde el puerto de Lázaro Cárdenas hasta Ciudad Juárez, ahora este camino implica el uso de armas automáticas cada vez más rápidas y, sobre todo, cada vez más mortíferas. Si antes –por poner otro ejemplo– bastaba con transportar la droga con un mínimo equipo de seguridad, ahora se ha vuelto necesaria la contratación de halcones, sicarios, estacas, punteros, jefes de zona y demás rangos informales que, naturalmente, exigen armas para realizar su trabajo. Así, aumentó el número de personas involucrada y el uso de la violencia como mecanismo de resolución de conflictos.

Un caso extremo lo pudimos ver en televisión en 2015, cuando un helicóptero del Ejército fue derribado en Jalisco por un lanzacohetes ruso. ¿Cómo se obtuvieron el lanzacohetes y sus ojivas? Más aún, ¿de dónde llegaron los otros ochenta que fueron decomisados por las autoridades entre 2006 y 2012? Y, sobre todo, si la DCAM es la responsable de la venta y distribución de armas, ¿de dónde vienen las armas con las que se perpetran tres de cada cuatro homicidios en México?

Las armas ilegales y el papel de los Estados Unidos

Las estimaciones más conservadoras calculan en 15 millones las armas ilegales que existen en México. La cifra es probablemente más alta; sin embargo hasta ahora, más allá de conjeturas, nadie conoce el número real. Lo que sí sabemos, a partir de análisis realizados a pistolas, revólveres y fusiles confiscados por autoridades mexicanas a lo largo de la última década, es que 70% de las armas que se distribuyen ilegalmente en México fueron compradas en los Estados Unidos. La mayor parte adquiridas en las más de ocho mil armerías que se localizan en el área limítrofe entre México y cuatro estados fronterizos: California, Texas, Nuevo México y Arizona.

El establecimiento de requisitos para la compra de armas en Estados Unidos es facultad de cada estado y no de la Federación. Así, por ejemplo, en Texas es posible comprar fusiles y revólveres de todo tipo con apenas una constancia que avale tener 18 años cumplidos y no haber pisado la cárcel. Incluso menores de edad pueden, bajo autorización de sus padres, comprar un arma para su uso personal. Tampoco hay obligación de registrar el arma ante alguna autoridad. Leyes similares en los otros estados fronterizos –y en general en todo Estados Unidos– han permitido a las armerías estadounidenses abastecer a las organizaciones de narcotraficantes a través de lo que se conoce como trasiego hormiga.

El modus operandi es casi siempre el mismo: la organización mexicana subcontrata a ciudadanos estadounidenses sin antecedentes penales –la proporción de mujeres es asombrosamente alta– para que compren las armas en los Estados Unidos. En la mayoría de los casos se trata de un arreglo que supone la compra de no más de cuatro o cinco, cuyo costo por unidad fluctúa entre 800 y dos mil dólares. Casi siempre, es ese mismo comprador o compradora quien en su propio automóvil transporta, en lotes muy pequeños, las armas a México y las entrega, a cambio de una suma que no supera los 300 dólares, a algún contacto intermedio al cruzar la frontera.

La transacción tiene bastantes posibilidades de ser exitosa pues toda la infraestructura de seguridad en la frontera está pensada para vigilar los bienes que son transportados del sur al norte y no del norte al sur. Solamente en escasas ocasiones –la cifra no pasa de 15%– las autoridades migratorias logran detener algún cargamento de armas que, escondido en algunos de los más de 88 millones de automóviles que cada año cruzan la frontera, sigue alimentando el conflicto en México.

No es posible determinar el número de armas que todos los días llega a México como consecuencia del trasiego hormiga. Sin embargo, algunos estudios nos ofrecen una idea de su extensión. Una investigación judicial pudo documentar cómo una pequeña organización de hermanos asentada en Houston, Texas, dirigió la compra de 339 armas de fuego a través de 23 compradoras y compradores en un periodo de solamente quince meses. De ese total, únicamente pudieron ser recuperadas 71. Sin embargo, entre el momento de la compra y su decomiso, se comprobó que tan solo esas armas habían sido utilizadas en 48 asesinatos, incluyendo el de 17 policías. Si ése puede ser el resultado de la acción de un pequeño grupo criminal, ¿cuál es la magnitud del comercio hormiga de armas cortas y medianas? Lo que sabemos puede ser apenas una pequeña sombra de un negocio que conviene a productores, distribuidores y vendedores de Estados Unidos. De ahí que nadie parezca tener interés en detenerlo.

La Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de los Estados Unidos (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, ATF) realizó un análisis a partir de 2921 armas de fuego recuperadas por alguna fuerza policiaca o militar en México entre 2007 y 2010. En cada caso se trataba de un arma utilizada para la perpetración de algún delito. Mediante un proceso de rastreo se logró identificar el lugar y fecha de compra de cada una de las armas. La tabla de Excel en la que se descargan los datos es impresionante. El contraste entre los puntos de venta –Brownsville, El Paso, San Diego y Freno– y de ejecución de gran parte de los crímenes –Ciudad Juárez, Matamoros, Tampico y Reynosa– lastima por lo evidente: mientras las primeras ciudades tienen las tasas de homicidios más bajas en Estados Unidos, las últimas son de las más violentas en toda América Latina.

El comercio legal: lo mismo, pero más barato

Además del trasiego hormiga, hay otra manera en que las empresas estadounidenses obtienen beneficios de la crisis de violencia al sur de su frontera: la exportación legal. Esas empresas y el Ejército mexicano llevan décadas firmando acuerdos de compraventa de armas que, en principio, deberían ser distribuidas a fuerzas policiacas por medio de la DCAM. Tan solo en los últimos dos años, empresas como Colt, Sig Sauer Inc., Textron Corporation y Glock han participado en lucrativos convenios que cubren la venta de armas cortas y medianas.

Así, en 2015 Sig Sauer Inc. –asentada en New Hampshire– firmó un acuerdo con el Ejército mexicano para la exportación de armas por 266 millones de dólares. Es tanta la falta de transparencia con la que el gobierno negocia estos asuntos que, “por seguridad nacional”, nadie sabe con exactitud el número preciso de armas que llegará a México entre 2015 y 2024, fecha en que finaliza el acuerdo.

Con todo, datos revelados por el Ejército mexicano, a través del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, dejan ver que el primer lote de armas exportadas fueron distribuidas –en su gran mayoría– entre policías locales de estados como Tamaulipas, Veracruz y Michoacán, regiones en que ha sido probada la colaboración de las fuerzas de seguridad estatales con las redes del crimen organizado, así como la participación de policías en eventos de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales. Para imaginar la magnitud del problema basta con referir a Tamaulipas, donde buena parte de la fuerza pública cuenta con elementos que sirven a intereses criminales.

En el peor de los casos, las armas que llegan de manera legal a México a través de acuerdos como el de Sig Sauer Inc. son o bien entregadas por las policías locales a redes criminales o bien utilizadas por los policías para coadyuvar en la perpetración de distintos crímenes: cobro de piso, secuestro de migrantes, explotación de ductos petroleros y narcotráfico. En el mejor, llegan a policías mal entrenados y sujetos a ser corrompidos en cualquier momento. De ahí que duela especialmente la falta de controles a quien compra y, sobre todo, a quien vende.

Las armas que no vienen de los Estados Unidos

Las empresas europeas también participan de manera activa en la enorme oportunidad para hacer negocios que supone la actual crisis de violencia en México. Especialmente las alemanas. La empresa Heckler & Koch, una de las principales productoras de fusiles automáticos, vendió al Ejército mexicano, entre 2008 y 2010, más de diez mil fusiles G36, un arma capaz de disparar 750 veces por minuto. Por restricciones de la ley alemana, Heckler & Koch tenía que asegurar que sus armas no fueran a ser distribuidas en “regiones en conflicto”, como Guerrero, Jalisco, Chihuahua y Chiapas. Sin embargo, tras falsificar documentos oficiales, la empresa obtuvo permisos de exportación que permitieron la distribución de los G36 entre policías locales de esos cuatro estados. Lo que aconteció después ha sido relatado por quien esto escribe en artículos disponibles electrónicamente. Aquí sólo un resumen: muchos G36 terminaron en manos de redes de narcotraficantes y otros grupos. Por ejemplo, tras un ataque al Palacio Municipal de Tixtla, Guerrero, policías comunitarios se hicieron de varios fusiles G36 que continúan utilizando para sus tareas de vigilancia en la zona. Lo que es peor aún: policías tan corruptas como las de Iguala y Cocula, en Guerrero, utilizaron esas mismas armas durante la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014.

Lejos de repensar su política de exportación a países como México, el gobierno alemán volvió a conceder a la empresa Dynamit Nobel Defence GmbH licencias para la venta de 1467 lanzacohetes bastante similares al que destruyó el helicóptero en Jalisco, en 2015. ¿Cuánto falta para que alguna de estas armas pase a manos de cualquier organización criminal?

Es de reconocer que la comunidad internacional ha dado pasos importantes para regular mejor el comercio legal de armas. Se han firmado convenios que exponen el respeto a los derechos humanos como condición sine qua non para la expedición de permisos de exportación. El más avanzado de estos acuerdos es el Tratado sobre el Comercio de Armas (Arms Trade Treaty), firmado y ratificado por 89 países, entre ellos México, pero no ratificado por Estados Unidos. Con leyes menos exigentes, su territorio se ha convertido en un paraíso para las empresas europeas que, huyendo de los controles de su continente, quieren acceder a mercados con mayor facilidad. Ello ha provocado que muchas de las más importantes de Europa –algunas de ellas alemanas– hayan comenzado a constituir subsidiarias en los Estados Unidos para librar los controles nacionales y regionales. Desde sus nuevas fábricas exportan directamente a otros países a través de contratos binacionales o bien distribuyen sus productos en las armerías estadounidenses que estarán contentas de participar en un ciclo más del trasiego hormiga a México.

De cara al futuro: ¿qué hacer?

La violencia en México es resultado de muchísimos factores, algunos de ellos de orden estructural; otros responden a coyunturas muy puntuales. De cualquier modo, la respuesta a la crisis de seguridad debe pasar por cambiar el modelo económico que tiene a más de la mitad de las y los mexicanos en situación de pobreza. También es imprescindible modificar la política del gobierno frente al fenómeno del narcotráfico. Es obvio a estas alturas que la guerra contra las drogas no solamente no ha reducido la cantidad de estupefacientes disponibles en los Estados Unidos; también es responsable de la mayoría de los homicidios acontecidos en México en la última década.

Aunque rebajar sustancialmente la cantidad de armas disponibles no va a conducir al fin de la violencia, sí puede ser un primer paso para reducir el poder de fuego tanto en los conflictos internos entre bandas criminales como en las escaramuzas entre fuerzas estatales y redes de narcotraficantes. Asimismo, para eliminar las ventanas de asociación entre ambas. La responsabilidad de avanzar en esta dirección es del gobierno mexicano, de las distintas autoridades en los Estados Unidos y de la comunidad internacional. Hay una ruta por donde transitar.

El gobierno de México podría empezar por utilizar la guerra contra las drogas como instrumento de negociación para obligar a las distintas esferas de gobierno en los Estados Unidos a ejercer mayores controles en los sitios de venta de armas. La línea de negociación es sencilla: si ellos no avanzan en su agenda de control de armas, México relajará su estrategia para evitar que la droga cruce la frontera. No se trata de legalizar, sino de disminuir la avalancha de recursos que todos los días se invierten en una batalla perdida.

No debe olvidarse que la búsqueda de reducir la demanda de drogas en Estados Unidos es uno de los principales catalizadores de la violencia en México. Y no es ninguna exageración afirmar que los Estados Unidos son corresponsables del problema. Y lo son de forma doble: por no reducir sus niveles de consumo y por no limitar sus exportaciones de armas.

Si bien es cierto que será difícil convencer a la administración de Trump, es posible comenzar la negociación con los gobernadores de Arizona, California, Texas y Nuevo México, todos ellos con la facultad para implementar controles más estrictos en los puntos de venta de armas localizados en sus territorios. El gobierno de México también podría avanzar, aun con todas las consecuencias que ello implica, en mejorar sus controles fronterizos de mercancía proveniente del vecino del norte. ¿Por qué solamente es válido hacer inspecciones rigurosas cuando se viaja en dirección opuesta?

En otros frentes es posible cambiar cuestiones muy concretas. Por ejemplo, regular mejor la compra de armas y su distribución por parte de la DCAM. Al día de hoy, es mínima la transparencia de ese organismo. Urge mayor vigilancia, por parte de autoridades civiles, sobre la forma en que el Ejército hace uso monopólico de su poder en este campo. La creación de una oficina civil y autónoma encargada de administrar la manufactura e importación de armas sería una alternativa que, sin lugar a dudas, molestaría a la jerarquía militar. No importa: es un riesgo que necesitamos asumir.

Por último, hay que señalar la responsabilidad compartida de la comunidad internacional. Los países europeos hablan de valores liberales y de su compromiso con la periferia; sin embargo, son incapaces de asegurar que sus empresas dejen de alimentar conflictos como el de México. Mientras con la mano izquierda financian asociaciones civiles y establecen convenios de colaboración, con la mano derecha incentivan dinámicas propias del periodo colonial. Señalar su hipocresía y coadyuvancia al problema no es un gesto gratuito, sino un acto crítico y emancipador.